La Cámara Nacional de Seguridad Privada (Canavipro) presentó ante la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales un Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.
Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Nicolás Sosa (MAS/Cojedes), dijo que evaluarán la situación jurídica de las propuestas para ver si existe alguna comisión que haya realizado algún trabajo al respecto a fin de determinar los pasos a seguir en este planteamiento.
Manifestó que el material será distribuido entre los diputados para que lo analicen y luego dar el debate para impulsar el anteproyecto.
Por su parte, el presidente de dicho organismo, Luis Dávila, quien tuvo un derecho de palabra en la comisión, consignó un documento en el que refiere que el instrumento jurídico vigente que regula la seguridad privada es el Decreto 699 del año 1995, derogado parcialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 324, que transfirió del Ministerio del Interior y Justicia a la Fuerza Armada Nacional, el control, inspección, registro, tránsito, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercio, reglamentación, posesión, porte y tenencia de las armas y municiones, dejándole al MIJ el otorgamiento de la autorización, su renovación y los controles administrativos.
El documento establece que dado lo obsoleto del texto, no está en sintonía con la prevención del auge delictivo al no autorizar permisos a las empresas de seguridad a actuar en áreas críticas de crecimiento delictivo que hoy es caldo de cultivo para la delincuencia, como por ejemplo: la falta de adiestramiento del personal de seguridad, que albergan en su seno a delincuentes y trabajadores con antecedentes penales, el secuestro express, los asaltos y atracos en carreteras rurales, urbanas de los transportes de electrodomésticos, fármacos, alimentos, situación que no permite a las empresas de seguridad actuar en la prevención de dicha problemática.
El documento, igualmente, establece que no hay un control rígido y coherente del Estado hacia el ejercicio de la actividad de seguridad privada, lo que ha hecho posible la proliferación de la informalidad que alcanza a 60 por ciento, esta piratería a quien perjudica es a los trabajadores que son burlados en sus derechos sociales, en el pago de sus salarios justos, negándoles la estabilidad laboral y su seguridad social.
“Esto constituye evasión de tributos nacionales y municipales”.
La propuesta de Canavipro busca un mayor control y fiscalización por parte del Estado, la estabilidad laboral y seguridad social de los trabajadores, un eficaz instrumento jurídico que le permita al sector privado participar en la prevención del delito y contribuya a la seguridad ciudadana, asimismo, la legalización de las cooperativas.
Dávila dijo que el sector que representa genera numerosos puestos de trabajo, 200 mil empleos directos y casi un millón de empleos indirectos, está por encima del sector de la construcción.
Dijo que necesitan con urgencia que se apruebe una ley y así “ponernos a tono con países como España, Perú México, Ecuador”.
No pagan prestaciones a trabajadores
El diputado Raúl Esté dijo que son importantes estas empresas que prestan servicio de seguridad privada y por ello “pienso que sí debe legislarse en esta materia”.
En otro orden de ideas, dijo que el pago de prestaciones de los trabajadores de la vigilancia es negado a pesar de que la ley se los garantiza.
“Le pido que plantee en la Cámara este problema, porque el derecho de las prestaciones sociales no prescribe y que los trabajadores que prestan un servicio tan importante, muchos de ellos han muerto en el cumplimiento de su deber, no reciben lo que les corresponde”.
revisado.
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